EDUCACIÓN La Comisión
de Educación, Juventud y Deporte aprobó, por unanimidad, el plan de trabajo de
investigación de las presuntas irregularidades en el proceso de elaboración,
edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales
educativos de Educación Básica en el país. La
presidenta del grupo de trabajo, Milagros Salazar la Torre, dijo que el trabajo
será permanente, en conjunto, y de una gran celeridad en torno a las gestiones
de los exministros de Educación Patricia Salas, Jaime Saavedra, Marilú Martens,
Idel Vexler, Daniel Alfaro y la actual ministra Flor Pablo Medina.
Señaló que
el informe final será concluido en junio próximo y se dejará un espacio
prudencial para que se presenten nuevas pruebas y el presidente de la República,
en su mensaje a la Nación, anuncie las medidas correctivas a las
irregularidades que supuestamente se encuentren, "porque creo que la
educación es uno de los sectores prioritarios en el país".
La
legisladora dijo que el sistema de investigación se agilizará, porque
previamente se presentará un cuestionario de preguntas a los exministros,
funcionarios y otros implicados que tendrán que responder en las sesiones
a las que se les cite, además de las interrogantes que formulen los congresistas.
Esto fue a propuesta del congresista Javier Velásquez Quesquén.
Salazar
manifestó que el cuadernillo de preguntas será adecuadamente elaborado. Señaló
que a sugerencia del parlamentario Jorge Meléndez, el plan precisará, para una
mejor metodología, cuáles son los textos escolares que han sido denunciados
como irregulares y deben ser investigados.
El
congresista Julio Rosas sugirió que en el plan figure el por qué el contenido
de género y las publicaciones pornográficas.
También
propuso que cuando se conozca a los responsables se señale el tipo del presunto
delito cometido que puede ser administrativo, del ámbito civil o penal. Todas
las propuestas aparecerán en el plan de investigación que fue aprobado con
cargo a redacción.
PROYECTOS DE
LEY
De otro
lado, la Comisión de Educación aprobó, con carácter mandatorio y por
unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que dispone el pago de la deuda
social magisterial por bonificación especial mensual por preparación de clases
y bonificación adicional por desempeño del cargo, sin la exigencia de sentencia
judicial y menos en calidad de cosa juzgada.
Diferentes
congresistas señalaron que la propuesta debería sancionarse porque tiene como
base legal las leyes legisladas durante el primer gobierno del Apra y la Ley
24029.
“No estamos
creando gasto. Estamos creando un espacio para que el Estado pague la deuda a
los trabajadores magisteriales”, expresó Velásquez.
Igualmente
se sancionó, por mayoría, el dictamen del proyecto de ley que modifica la Ley
30512, a fin de reactivar, fortalecer e implementar adecuadamente a los
Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior Pedagógica y
a la carrera pública de sus docentes. El proyecto beneficiará a más de 500 mil
alumnos y profesores.
Por unanimidad, aprobó el dictamen del proyecto
de ley que propone la incorporación de contenidos referidos a los riesgos de
desastres en el currículum nacional de Educación, teniendo en consideración las
características propias que presenta cada ámbito geográfico del territorio
nacional.
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